Opacidad, privilegios y señalamientos: el legado que persigue a los hermanos Cabeza de Vaca en Tamaulipas
Tamaulipas
Las irregularidades heredadas del sexenio panista en Tamaulipas vuelven a colocarse bajo escrutinio público. A casi dos años del cierre de la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, nuevos reportes reavivan las críticas sobre un periodo marcado por presunta corrupción, uso discrecional de recursos públicos y una red de privilegios que habría beneficiado a altos funcionarios y aliados políticos.
Entre los episodios más cuestionados se encuentran las adjudicaciones irregulares en la Secretaría de Salud, donde investigaciones internas documentaron contratos otorgados a empresas vinculadas a operadores cercanos al exgobernador, dejando un daño millonario al erario. A ello se suman las pesquisas abiertas por presunto lavado de dinero y operaciones financieras opacas relacionadas con miembros de su círculo político y familiar.
Organizaciones locales han denunciado además que, pese al cúmulo de señalamientos, el exmandatario habría mantenido escoltas, vehículos oficiales y operativos de seguridad costeados con dinero público, aun cuando la normatividad estatal limita estos beneficios. Diversos actores civiles consideran que este tipo de privilegios refleja un estilo de gobierno basado en el blindaje personal y la protección institucional, más que en el fortalecimiento de la transparencia o la rendición de cuentas.
La reflexión ciudadana se ha reactivado: voces críticas sostienen que el periodo conocido como “el sexenio azul” dejó un precedente de discrecionalidad y deterioro institucional que aún impacta al estado. Legisladores y observadores locales insisten en que las investigaciones deben avanzar sin interferencias, y que los casos pendientes representan una oportunidad para corregir años de malas prácticas.
Al cierre del movimiento social que acompaña este debate, colectivos y activistas han instalado módulos en distintas plazas públicas para quienes deseen sumarse con su firma y exigir que las instancias judiciales revisen los procesos pendientes y actúen con apego estricto a la ley.